Los primeros compases de la primavera están dejando ya claro que 2023 volverá a ser un año de ausencia de lluvia y escasez de agua. Las previsiones meteorológicas ya advierten de una primavera y verano muy secos, largos y calurosos y, aunque el consumo humano de agua es el último uso que se restringiría, las áreas urbanas de abastecimiento de más de 20.000 habitantes están obligadas por ley a tener planes de emergencia, con acciones que van desde campañas de concienciación por un consumo responsable al racionamiento. Sin embargo, en estos momentos el 40% de los territorios urbanos en los que en cada cuenca hidrográfica se divide el servicio de abastecimiento no cuentan con protocolo para hacer frente a una situación puntual de desabastecimiento. Más de 6,5 millones de personas viven en territorios donde no hay o donde los gestores de los ríos no disponen de información.

El Ministerio de Transición Ecológica advertía hace unos días de que casi la mitad de los sistemas de abastecimiento urbano no tienen en estos momentos un plan de emergencia para hacer frente a una eventual carestía de agua. Desde hace unos años, esta ya no es solo una posibilidad que pueda producirse en el sur o el levante español y, como en países del norte de Europa, el fenómeno de la sequía avanza cada vez hacia cotas más septentrionales. De acuerdo con la información disponible, en estos momentos cientos de decenas de miles de personas viven en zonas del Levante en las que no consta que exista una planificación sobre qué medidas ir tomando si falta el agua, igual que sucede en zonas de Galicia o de Asturias.

"El 40% de sistemas no tienen estos planes, es una situación que no es aceptable", advertía hace unos días el subdirector general de Planificación Hidrológica del ministerio, Víctor Arqued, que lamentaba que las relaciones a este respecto con las administraciones locales "no son siempre todo lo eficaz que debieran". Tampoco con la institución que las agrupa, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), cuyo papel para que los centros urbanos avancen en el diseño de planes de emergencia de abastecimiento de agua ha sido "discreto".

"Esperamos dar un nuevo impulso a la tendencia en esta obligación, que ha de redundar en la seguridad de los abastecimientos urbanos", incidió Arqued en una jornada de información sobre la consulta pública que Transición Ecológica acaba de lanzar como paso previo a la aprobación de los Planes Especiales de Sequía de cada cuenca hidrográfica. Son adicionales a los planes de gestión de cada río y dentro de ellos figura un capítulo relacionado con los planes de emergencia de abastecimiento que la ley obliga a tener a las zonas urbanas de más de 20.000 habitantes. 

De la concienciación al racionamiento

Así lo dispone desde 2001 la ley del Plan Hidrológico Nacional, que las administraciones públicas responsables de abastecimiento urbano de localidades o mancomunidades de más de 20.000 habitantes deben contar con un plan especial que debe definir valores a partir de los que actuar en cada fase, así como cantidades y tipos de consumo de agua sobre los que actuar en caso de ser necesario.

No se trata de planes para hacer frente a una la sequía más o menos estructural, sino a situaciones puntuales. Para estar preparados, la guía del ministerio plantea acciones van desde medidas incentivadoras para recudir el consumo de agua hasta las restricciones. Propone establecer cuatro fases de actuación: de alerta para la preparación administrativa ante una declaración de sequía operacional; de reducciones voluntarias de consumo mediante incentivos, disuadiendo de uso o priorizando un uso del agua sobre otro; de restricciones del consumo con "medidas coercitivas de mayor impacto socioeconómico", y, en el estadio más grave, fase de emergencia, para "escenarios de gran severidad" y con "afecciones económicas y sociales de gran alcance", incluido el "racionamiento" de agua.

Exceptuando la primera fase de preparación, a la fase de reducción voluntaria del consumo le corresponderían acciones como campañas para fomentar el uso responsable o control de pérdida de agua en las infraestructuras. A la fase de reducción de consumo se prevén medidas legales, penalizaciones o de tipo tarifaria para reducir el consumo o limitarlo en algunas actividades, que se sumarían a la "obligación particular de reducir el consumo o racionamiento" llegada la fase de emergencia.

En función de la situación, las autoridades deben estar preparadas para hacer llamamientos al ahorro de agua, poder suministrar volúmenes muertos de los embalses a las conducciones de agua, perforar nuevos pozos o tomar medidas como la prohibición de usar agua potable para regar parques, limpiar calles o llenar piscinas, suministrada con camiones cisterna si es necesario.

Las grandes ciudades, aprobado

La realidad que constata el Gobierno es que solo el 60% cuenta con ellos ante una nueva temporada de calor que de nuevo registrará temperaturas más elevadas de lo que solía ser normal y menos lluvias. No es el caso de las grandes ciudades. Tal y como se reseña respectivamente en los Planes Espaciales de Sequía del río Tajo, Guadalquivir o Júcar, Madrid, Sevilla o Valencia lo tienen aprobado. También Barcelona, dentro de la demarcación hidrográfica catalana. 

Entre las grandes urbes, también consta que lo tienen Bilbao o Zaragoza o en la mayoría de provincias andaluzas y buena parte de Castilla y León, aunque no Valladolid y en el caso de Palencia o Zamora la Conferencia Hidrográfica del Duero ha informado negativamente sobre el plan presentado. También aparece como no presentado en Toledo, Puertollano (Ciudad Real) o Badajoz y otras zonas de Extremadura.

En bastas zonas de la Comunitat Valenciana o, en general del levante, no hay información disponible sobre si sistemas de abastecimiento, algo que se refleja especialmente en la provincia de Castellón, donde en los últimos años ha sido necesario enviar cisternas para abastecer de agua a la población. Tampoco en Cuenca, Lleida, Logroño o Huesca, mientras que en localidades murcianas como Cieza, Cartagena o la misma Murcia están pendientes de aprobación, igual que en Castellón de la Plana. 

En términos de población, fuentes de Ministerio destacan que son muchos más los habitantes que residen en sistemas de abastecimiento que sí cuentan con planes de emergencia, pero admiten que en la resistencia en algunos casos se debe a que son zonas que nunca se han enfrentado a una situación de carestía de agua, como ocurre en el norte. Según los Planes Especiales de Sequía del Miño-Sil o del Cantábrico Occidental, es el caso de Lugo, Poteareas, Gijón, Oviedo o Santander que, o no tienen o al menos quienes deberían saberlo no tienen constancia de ello.